En breve el Congreso tratará distintos proyectos para modificar el impuesto a las ganancias sobre los asalariados. Podríamos adoptar distintos planos de análisis. Uno es comparar la propuesta del PEN respecto a sus promesas de campaña. Otro plano sería analizar si es posible que el Estado obtenga recursos de otras fuentes o incluso si conviene que lo haga.

Es tan claro que la propuesta del PEN nada tiene que ver con sus promesas de campaña que ya es poco lo que se puede agregar, por lo cual me voy a concentrar en el segundo aspecto.

Tiene razón el PEN cuando sostiene que las cuentas fiscales no resisten volver el impuesto a las ganancias a su situación “inicial”, entendiendo por ello que solo paguen aquellos asalariados en posiciones directivas o gerenciales cuyos ingresos contemplen no solo un “salario” sino también cierta participación en las ganancias empresarias. Ahora, la situación fiscal no solo está condicionada por lo que recauda el Estado, sino también por sus erogaciones y por lo que “no recauda” producto de las llamadas exenciones.

En el rubro gastos podríamos citar los subsidios energéticos. El gobierno decidió no quitarle plenamente los subsidios a los sectores de altos ingresos, con lo cual este verano mientras un jubilado pague ganancias una familia de altos ingresos calentará el agua de su pileta con energía subsidiada. Las empresas petroleras reciben subsidios estatales para que por los menos “mantengan el nivel de actividad” mientras que la propia YPF redujo este año un 25% sus inversiones.

En el presupuesto 2017, el Estado estima que no cobrarle ganancias a miembros del Poder Judicial tiene un “costo” anual de poco menos de 6.000 millones de pesos. ¿Cómo explicamos que un maestro pague ganancias y que un juez no?

Siguiendo con las exenciones, la renta financiera es un punto obligado de análisis. El costo de no cobrar ganancias sobre inversiones que no incluyen a los títulos públicos es de casi 23.000 millones de pesos. Si incluimos a los títulos públicos deberíamos agregar casi 11.500 millones de pesos mas. Como hay organismos del Estado que tienen títulos públicos, el impacto neto de este último rubro sería menor. Aún sin considerar los títulos públicos, ¿Qué es más justo, que paguen ganancias quienes no llegan a fin de mes o que paguen quienes tienen capacidad de ahorro?

En el rubro exenciones a las ganancias aparecen las mutuales y cooperativas por un monto poco mayor a los 14.000 millones de pesos. Muchas cumplen con su rol social pero otras son la fachada de “cuevas financieras” ¿Es lógico que un empleado bancario pague ganancias y que una cueva financiera esté exenta?.

Las entidades deportivas tienen una exención al IVA de casi 13.000 millones de pesos. De nuevo, muchas cumplen su rol social, pero ahí tenemos incluido el “negocio” del futbol. En Argentina el futbol es un negocio para negociar derechos de televisión pero es una actividad sin fines de lucro para no pagar algunos impuestos.

Los asalariados de altos ingresos pagan proporcionalmente menos aportes jubilatorios que un asalariado normal. ¿No sería momento de revisar esa situación?

Puede que con la suma de las exenciones mencionadas no se logre “eliminar totalmente la distorsión del impuesto a las ganancias”. Pero seguro se podría evitar que muchos argentinos se vean alcanzados por el impuesto o que paguen menos. El Congreso tiene la oportunidad de revisar estas cuestiones antes de seguir “cazando en el zoológico” y aumentar la presión tributaria siempre sobre los mismos.

Los impuestos siempre generan distorsiones, nadie los paga contento, y todos tienen motivos para suponer que su situación es “distinta” a la de otros sectores. El punto es que el Estado recaude y gaste de la mejor manera posible. En el caso de los impuestos, cuanto mas “progresivos sean los impuestos, mejor”. Si un chofer de un camión paga proporcionalmente mas ganancias que el dueño del camión, algo estamos haciendo mal.