El tratamiento en el Congreso Nacional de las modificaciones que el cristinismo aspira introducir en la Ley de Hidrocarburos está poniendo en aprietos a los legisladores oficialistas al momento de intentar defender los aspectos más relevantes de la misma.

Todavía resuenan en el parlamento los gritos de una legisladora enardecida que al defender la nueva ley de abastecimiento sostuvo que, entre otras cosas, era para defender a la pequeña empresa frente a las grandes empresas. Habrá que ver debajo de qué bancada se esconde ahora cuando le toque votar los beneficios que la nueva ley de hidrocarburos le darían EXCLUSIVAMENTE a grandes empresas que inviertan junto a YPF mas de 250 millones de dólares en tres años.

Esos beneficios previstos en el proyecto de Ley, que son básicamente los mismos que en su momento el Poder Ejecutivo Nacional le concedió a Chevron, no estarán disponibles para empresas que inviertan menos que esa cantidad, o que lo hagan en proyectos distintos que los auspiciados por YPF.

Si una empresa invierte 100 millones de dólares en su área concesionada y duplica las reservas o triplica la producción, no recibe los beneficios previstos en el proyecto de ley.

A quienes pueden “invertir mucho”, aún cuando no sean eficaces, se les dan beneficios, a quienes inviertan de manera eficiente pero por montos menores, se los excluye.

Curioso mecanismo “Nac & Pop” de discriminación, a los grandes capitales TODO, a las empresas de menor capital NADA. El cristinismo, desesperado por conseguir dólares en un mundo en el cual precisamente sobran dólares, decidió privilegiar a quienes en la tribuna dice combatir y decidió “excluir” a quienes en esas mismas tribunas dice defender.

Si usted es un ciudadano común y pagó impuestos toda su vida, no puede comprar dólares o protegerse de la inflación comprando otra moneda. Si usted tiene invertidos los ahorros de toda su vida en alguna actividad económica local, pero no tiene la suerte de ser una gran multinacional petrolera, tiene que bancarse las mil y una restricciones para operar.

Los ciudadanos, comerciantes y empresarios “comunes” evidentemente deberán esperar a otro gobierno para que sean tratados, al menos, de la misma manera que las grandes industrias. Este gobierno está tan desesperado buscando dólares que sólo atiende a los grandes capitales.

Otro aspecto del proyecto de Ley igualmente polémico, es el relacionado con el rol de las empresas provinciales. Concretamente en las posibilidades de esas empresas de asociarse con inversores privados en el desarrollo de nuevas áreas.

El proyecto de Ley limita el instrumento que se conoce como “acarreo” que consiste básicamente en que un inversor financie al titular del recurso durante el desarrollo de un área y luego éste devuelva su porcentaje de la inversión con los ingresos del área.

Lo curioso es que sólo se limita el uso de ese instrumento para los titulares del recurso (las provincias), no se prohíbe la práctica entre las empresas petroleras. ¿Por qué es malo que las empresas provinciales sean “acarreadas” y no lo es en el resto de los casos?.

Básicamente porque YPF es la que necesita ser “acarreada”. YPF no tiene la posibilidad de conseguir los fondos necesarios para desarrollar las oportunidades de inversión que tiene a la mano, especialmente en lo que se refiere a los hidrocarburos no convencionales.

YPF no es la dueña de los recursos hidrocarburíferos, no domina aún la tecnología y no tiene fondos suficientes. Los proyectos de inversión hasta ahora no permitirían que tanto las empresas provinciales como YPF sean acarreadas. No habría espacio para las dos. La solución lógica sería que YPF acuerde en cada provincia términos de asociación mutuamente beneficiosos para la empresa nacional y las empresas provinciales.

YPF desesperada por mostrar resultados de corto plazo, quiere optar por el atajo, limitar por ley las potestades provinciales y obtener en el Congreso Nacional lo que no quiere, no puede o no sabe conseguir en el plano comercial.

Si miramos un poco más detalladamente este asunto, las conclusiones son directamente desopilantes. Las empresas de energía provinciales son empresas estatales que reinvierten es sus provincias. YPF es una empresa 51% estatal y 49% privada. Los privados podrán hacer con sus dividendos, cuando se distribuyan, lo que mejor les plazca.

En lugar de privilegiar a los dueños del recurso que son 100% nacionales, el proyecto de ley privilegia a una empresa que es “solo” 51% estatal.

Pero las contradicciones no terminan ahí, dentro del 49% privado de YPF hay “hedge funds” o “fondos buitres”. Buitres a los cuales los pibes para la liberación condenan en actos en el Luna Park. Buitres a los cuales Cristina condena en la ONU. Buitres a los cuales, a pesar de los discursos de barricada, Cristina beneficia con sus proyectos de ley.

Así, en este tema es muy probable que los buitres terminen saliéndose con la suya, corren con el caballo del comisario y tienen una lobista de lujo: Cristina Fernández de Kirchner.